Procedimiento concursal microempresas

PROCEDIMIENTO LEY CONCURSAL DE MICROEMPRESAS

El procedimiento de microempresas ha sido introducido por la nueva Ley Concursal 16/2022 que entró en vigor a principios del mes de septiembre del año 2022. Este procedimiento se regula en el Libro III de la nueva Ley Concursal y supone una auténtica revolución en nuestro Derecho Concursal.

Aunque la Ley Concursal 16/2022 entró en vigor en el mes de septiembre de 2022, este procedimiento especial no lo ha hecho hasta el día 1 de enero de 2023. Es un procedimiento de tramitación especial para las microempresas y los autónomos.  Se entiende por microempresas aquellas que no superen los 10 trabajadores y que tengan un volumen de negocio anual inferior a los 700.000 euros, o un pasivo que no alcance los 350.000 euros. En este sentido, lo que se prevé es que el procedimiento especial compacte lo que son los procesos preconcursales y concursales, sin acceder éstas a los planes de reestructuración.

Para iniciar este tipo de concurso se requiere estar asistido de Abogado y Procurador. El procedimiento se inicia con una comunicación al Juzgado en el que se pone en su conocimiento el inicio de negociaciones. Es un procedimiento basado en formularios, es decir, cuando iniciamos un procedimiento judicial, el letrado tiene que redactar una demanda que aporta al Juzgado mediante la cual da inicio al procedimiento. En este caso, existen unos formularios a disposición de las partes en el portal de Justicia en los que el Abogado rellena los datos que se le solicitan, los cuales son remitidos directamente al Juzgado correspondiente. Posteriormente este inicio de negociaciones derivará bien en un procedimiento de continuación o bien en un procedimiento de liquidación.

En los supuestos en los que el proceso acabe mediante liquidación, se prevé que sea el propio deudor el que liquide sus bienes. Para ello se ha creado una plataforma en el Ministerio de Justicia a través de la cual el deudor puede acceder, manifestar y acreditar cuales son los bienes de los que dispone para que los distintos interesados puedan efectuar pujas, liquidándose de esa forma lo bienes del deudor. No se prevé en esta fase la intervención de Administrador Concursal alguno, salvo en aquellos supuestos en los que el propio deudor o los acreedores, que representen al menos un 20% del pasivo, así lo soliciten.

Una novedad importante es que, desde el primer momento hasta el final del procedimiento, el deudor conserva sus facultades de administración y de disposición, si bien es cierto que dichas facultades se pueden ver limitadas. En lo que atañe a las ejecuciones judiciales, al igual que ocurría en la Ley anterior, éstas se ven suspendidas, a excepción de los créditos con garantía real y los que no se vean afectados por el plan de continuación.

Desde Date una Segunda Oportunidad, podemos asesorarte y acompañarte con nuestros abogados especialistas en Ley Concursal.

Comparte el artículo en tus Redes Sociales

Publicaciones Similares